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| Las erradicaciones manuales tienen un presupuesto de $45 mil millones para 2015. /Archivo |
Es un momento crucial para el futuro de
la guerra contra las drogas. Un informe del gobierno de Estados Unidos sostiene
que en 2014 hubo un incremento del 28% en las hectáreas de coca sembradas en
Colombia (pasando de 80.500 a 112.000), y la posibilidad de que, tras una
alerta emitida por el Ministerio de Salud sobre los riesgos cancerígenos del
glifosato, se suspendan las fumigaciones aéreas con ese herbicida apunta a un
revolcón en la estrategia antinarcóticos del Estado colombiano.
Durante la última década han muerto 145
miembros de la Fuerza Pública y 52 erradicadores civiles en operaciones de
erradicación. Esa fue una de las principales razones que esgrimió el procurador
general Alejandro Ordóñez para oponerse a la eventual suspensión de las
fumigaciones con glifosato, pero también es uno de los impactos negativos de la
erradicación que quiere mitigar este manual que, expresamente, fue consensuado
por el Ministerio de Defensa y la Unidad de Consolidación Territorial.
La primera de las medidas de seguridad
consignadas en el manual, la cual ya estaba en operación, es la capacitación
para erradicadores y el personal de las fuerzas acompañante en la prevención de
siniestros debidos a minas antipersonas, artefactos explosivos improvisados y
municiones sin explotar. Adicionalmente, las Fuerzas Militares y la Policía
deberán construir zanjas y parabalas alrededor de los territorios a
erradicar, como medida de seguridad pasiva y elaborar, previamente a la
erradicación, un diagnóstico de grupos armados ilegales, expresiones
delincuenciales y presencia de artefactos explosivos en las inmediaciones de
los cultivos.
Luego, el manual advierte que, toda vez
que las erradicaciones no son consensuadas con las comunidades y se dan como
parte de la estrategia de consolidación territorial, deben desarrollarse
protocolos de seguridad para la movilización de los grupos móviles de
erradicación y tres anillos de seguridad. El personal civil no podrá ingresar a
la zona de erradicación antes de que la Fuerza Pública haya garantizado las
condiciones de seguridad favorables de manera explícita.
Antes de ingresar al terreno, la Unidad
de Consolidación Territorial deberá hacer el ejercicio de focalización de los
predios a intervenir, el cual se sustentará en información provista por el
Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, de Naciones Unidas, junto
con información de las fuerzas y “de gobiernos amigos”, entre otros. Sólo
entonces los grupos móviles de erradicación entrarán a operar.
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Estarán conformados por el coordinador
del grupo, que estará al tanto de la información de consolidación territorial;
un profesional especializado, que se encargará de la planeación operativa; un
profesional especializado, que deberá hacer el monitoreo y seguimiento de las
acciones de cada grupo móvil; otro que se encargue de la implementación de la
estrategia en terreno, y un grupo de apoyos zonales que verificará las
calidades y el cumplimiento por parte de los erradicadores.
Por último, el Programa contra Cultivos
Ilícitos de la Unidad de Consolidación Territorial deberá suscribir un contrato
con un organismo neutral en el marco del conflicto, que deberá validar la
información suministrada por los apoyos zonales. De esta manera la información
concreta sobre las zonas intervenidas y la cantidad de cultivos afectados no
será suministrada a la opinión y tendrá un filtro aparte del establecido por el
Gobierno.
Así las cosas, estos grupos móviles de
erradicación, creados en 2005 y que a partir de 2011 hacen parte de la
estrategia de consolidación, tendrán un marco normativo que, más allá de
formalizar y brindar garantías de seguridad a su ejercicio antinarcóticos,
busca convertirlos en la principal arma del Estado para combatir los cultivos
ilegales. No sólo porque es probable que las fumigaciones aéreas sean
suspendidas, sino por la necesidad de dar pasos ciertos para cumplir el
compromiso que asumió el Gobierno en La Habana para el posconflicto: erradicar
manualmente antes que por fumigaciones. Aunque, claro está, el siguiente paso
será hacerlo de manera consensuada con las comunidades que han visto en la coca
y otros cultivos ilegales una forma de subsistencia.
www.elespectador.com/noticias/politica/normas-de-erradicacion-manual-articulo-558845
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